El gobierno del presidente Gabriel Boric ha puesto sobre la mesa la propuesta de negociación ramal como un pilar fundamental de su reforma laboral.

Si bien sus defensores argumentan que busca fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores y promover una distribución más equitativa de la riqueza, esta iniciativa genera una profunda preocupación en el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), el verdadero motor de la economía chilena. Para este segmento, la negociación ramal podría significar más desventajas que beneficios, amenazando su ya frágil estabilidad y su capacidad de crecimiento.

Una de las principales aprensiones radica en la homogeneización de las condiciones laborales que podría imponer la negociación ramal. Las MiPymes operan en contextos muy diversos, con realidades financieras, capacidades productivas y estructuras organizacionales sumamente variadas. Un acuerdo alcanzado a nivel de rama productiva, que fije salarios, beneficios y condiciones de trabajo estandarizadas, difícilmente podrá ajustarse a la realidad de cada empresa. Esto podría significar que muchas MiPymes, especialmente las más pequeñas o las que se encuentran en etapas iniciales de desarrollo, se vean obligadas a asumir costos laborales insostenibles, poniendo en riesgo su viabilidad y la continuidad de sus operaciones.

Además, la negociación ramal podría limitar la flexibilidad y adaptabilidad que caracteriza a las MiPymes. Precisamente su agilidad para responder a los cambios del mercado, para innovar y para ajustar sus estructuras a las necesidades específicas de su negocio, es lo que les permite competir en un entorno a menudo desafiante. Al verse constreñidas por acuerdos a gran escala, las MiPymes perderían parte de esa autonomía crucial para su supervivencia y expansión. Esto podría traducirse en una menor capacidad para generar empleo y para reaccionar a las crisis económicas o a los cambios en la demanda.

Otro punto crítico es la asimetría de poder en las mesas de negociación. En una negociación ramal, las MiPymes, que individualmente tienen un poder de negociación limitado, se enfrentarían a grandes sindicatos con estructuras consolidadas y mayor capacidad de presión. Esto podría derivar en acuerdos que, aunque beneficiosos para los trabajadores de grandes empresas, resulten desproporcionados e inasumibles para el promedio de las MiPymes, generando un desequilibrio perjudicial.

Finalmente, la implementación de la negociación ramal podría generar una carga administrativa y legal adicional significativa para las MiPymes. El proceso de adaptación a nuevos marcos normativos, la necesidad de asesoría legal especializada y el seguimiento de acuerdos complejos, representan un desafío para empresas que a menudo carecen de departamentos dedicados a estas funciones. Esta burocracia extra desvía recursos y tiempo que podrían ser invertidos en innovación, producción y crecimiento.

En conclusión, si bien la búsqueda de una mayor equidad laboral es un objetivo loable, la propuesta de negociación ramal, tal como se plantea, parece ignorar la heterogeneidad y las particularidades del vasto ecosistema de las MiPymes chilenas. Es fundamental que cualquier reforma laboral considere un enfoque diferenciado que proteja y potencie a este sector, evitando que medidas bien intencionadas terminen por asfixiar a quienes más contribuyen a la generación de empleo y al desarrollo productivo del país. El futuro de las MiPymes, y con ello, de la economía chilena, depende de un análisis más profundo y de soluciones que se